La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Villa Altagracia suspendió este miércoles la medida de coerción tras ser recusada por uno de los abogados de la defensa de los policías.
La magistrada Sugeldi Rosario Mena fue recusada por el abogado del raso Anthony Castro.
La Corte de Apelación de San Cristóbal decidirá ahora si la jueza Rosaro Mena continúa o con la medida de coerción.
Castro y otros cinco agentes policiales están acusados de la muerte a tiros de la pareja de esposos evangélicos
Elizabeth Muñoz Marte y
Joel Díaz Ferrer.
Además, de Castro son procesados el segundo teniente Victorino Reyes Navarro, el sargento Domingo Perdomo Reyes, los cabos Norkys Rodríguez Jiménez y Ángel de los Santos, y el raso Juan Manuel Ogando Solís. Todos guardan prisión en la cárcel de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
La audiencia inició a las 9:47 de la mañana. Minutos después el tribunal recesó el conocimiento de la medida durante una hora a petición del abogado de la defensa del raso Castro, para tomar conocimiento de parte del expediente, y se reanudo a las 11:30.
Los agentes de la Policía fueron trasladados pasadas las 9:20 de la mañana en un minibús de la Procuraduría General de la República.
Grupos de familiares de las víctimas y de los policías acusados se expresaban esta mañana en favor de que se haga justicia frente al Palacio de Justicia. Los familiares de los policías acusados reclaman que se haga una profunda investigación.
Mientras otro grupo reclamaba que el coronel de la Policía de apellido Maríñez, sea procesado tras considerar que fue él quien dio la orden de disparar a los agentes.
«Esto no se va a quedar así, ya el Presidente lo dijo y eso es lo que queremos que pase», dijo Marino Antonio Muñoz Concepción, padre de la joven Muñoz Marte.
Definió como un invento dar órdenes de hacer un retén y matar por el robo de una pasola.
El Ministerio Público ha sostenido que cuenta con suficientes evidencias testimoniales, documentales y materiales que vinculan a los imputados al hecho criminal.
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público pide un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo por la gravedad y que la misma sea cumplida en una cárcel distinta a Najayo, que ofrezca más seguridad.
Los fiscales acusan a los expolicías de violar los artículos 295, 296, 297 298, 304, 265, 266 y 184 del Código Penal Dominicano; artículo 66 de la Ley 631-16 (Ley para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados), en perjuicio de las víctimas Díaz Ferrer y Muñoz Marte.
También, por violación a los artículos 2, 295, 296, 297 298, 304, 265, 266 y 184; artículo 66 de la Ley 631-16 en perjuicio de Claudio Alberto Ramírez Lamais y Carlos José Pérez Báez, sobrevivientes al hecho.
El suceso ocurrió la noche del pasado Martes Santo cuando las víctimas regresaban a Santo Domingo de una actividad religiosa, realizada en Villa Altagracia, y de acuerdo con la versión de un sobreviviente, los agentes los mandaron a parar y luego, sin mediar palabras dispararon al vehículo.
Gracias a: El Nacional
